El suministro de agua potable domiciliaria, la recogida de residuos, la limpieza viaria, los equipamientos culturales y en general los servicios públicos en régimen de gestión indirecta en el ámbito local son actualmente motivo de controversia política por la necesidad de evaluar su coste real, su eficacia y su calidad. Las críticas ciudadanas por incrementos de precios injustificados, por la calidad del suministro o por el nivel insuficiente de las inversiones sólo se pueden validar o contrarrestar por parte del Ayuntamiento con datos objetivos sobre el servicio, y éstos sólo se pueden obtener mediante una auditoría externa que proporcione la información imprescindible para la toma de decisiones.
CGI ha realizado y realiza numerosas auditorías de servicios municipales en diferentes ámbitos: limpieza viaria, recogida de residuos, equipamientos culturales (escuelas de música, bibliotecas, …) o educativos (guarderías), y obviamente también de los servicios de suministro de agua en baja en los términos municipales. Se trata de servicios públicos que están gestionados mediante empresas mixtas o concesiones a empresas privadas y que han sido licitados por el propio ayuntamiento. Ya sea por el paso del tiempo en contratos firmados hace muchos años, por los cambios en el equipo de gobierno o por la duda sobre las condiciones reales de prestación del servicio, cada vez más ayuntamientos quieren conocer con más detalle cómo se realizan estos servicios y en qué situación se encuentran en cuanto a la gestión operativa y económica, de cara a abrir procesos de optimización y, en su caso, de ahorro de costes.
Estas auditorías operativas o de gestión se centran en un análisis jurídico, económico y funcional del servicio, y permiten obtener un informe detallado que resulta imprescindible a la hora de enfocar como mejorarlo. Los 5 beneficios de contar con una auditoría de un servicio público son:
- Dimensionamiento real del servicio.
Numerosos contratos de concesión, en especial aquellos que se refieren a servicios esenciales en un municipio como son el agua o la recogida de residuos, pueden haber sido firmados y ejecutados desde hace mucho tiempo y sin haber aplicado cambios sustanciales en su contratación y definición. En paralelo, las necesidades de la ciudadanía y del conjunto del municipio pueden haber cambiado mucho, tanto con respecto a la dimensión como a los usos y costumbres. Mediante una auditoría económica y de gestión del ayuntamiento actualiza la foto fija de lo que es e implica el servicio público analizado y lo puede contraponer con las necesidades reales del municipio, de forma que se obtenga la dimensión real del servicio público.
- Cumplimiento de condiciones y viabilidad del servicio
La ejecución del servicio por parte de la empresa adjudicataria puede haber sufrido variaciones en el tiempo, y por ello es importante comprobar si la prestación se está ejecutando de acuerdo con las condiciones económicas, jurídicas y técnicas establecidas en el contrato. Además, hay que comprobar la adecuada determinación del coste de prestación del servicio y los consiguientes mecanismos de fijación de las tarifas. Todo ello dará una imagen fidedigna de la viabilidad económica de la explotación y su rentabilidad estimada, esencial para determinar también su viabilidad jurídica.
- Información para el control
En CGI siempre hemos dicho que sin información no puede haber control de gestión, y sin control de gestión es imposible que el Ayuntamiento cumpla su obligación de controlar el servicio. La realización de una auditoría proporciona los datos que deben permitir saber en todo momento la situación en que se encuentra un servicio y permite dotarse de la máxima autoridad para exigir los cambios y modificaciones que aseguren su cumplimiento, más allá de que también permitirá detectar con rapidez las posibles irregularidades legales o técnicas que ocasionalmente se puedan estar cometiendo por parte del contratista.
- Ahorro de costes
El conocimiento detallado de la situación económica en que se presta el servicio permite aplicar mejoras en su gestión para mejorar su eficiencia y conseguir ahorros de costes. Estos ahorros pueden venir tanto por la exigencia del cumplimiento estricto de las condiciones en que se ha firmado el contrato de servicios como por la modificación de éstas en la búsqueda de una mejor eficiencia.
- Datos para la toma de decisiones de licitación o re-municipalización.
La auditoría del servicio debe ser el documento esencial sobre el que el consistorio debe tomar decisiones respecto de la gestión del servicio. Desde un punto de vista estrictamente económico no se puede saber a priori, por ejemplo, si un servicio público como el agua es mejor que se gestione directamente por el ayuntamiento o por una empresa concesionaria. La mejora de la gestión, la reducción de tarifas o el incremento de la calidad del servicio son resultados que se pueden obtener, por ejemplo, mediante una nueva licitación que incluya un mayor detalle de las condiciones de prestación, una mejor gobernanza y unos mecanismos más transparentes de toma de decisiones y de rendición de cuentas. Y si se opta por la recuperación del servicio público por parte de un ente local, es necesario que la contraposición del nuevo modelo y el anterior demuestre que se pueden obtener ahorros reales o beneficios adicionales, al margen de la sostenibilidad financiera, respecto de la colaboración público-privada, porque es lo que realmente exige la ciudadanía. En cualquiera de los dos casos, una auditoría, un soporte especialista externo y una definición y control más estrecho y objetivo de los contratos son las herramientas con las que el ayuntamiento debe trabajar para asegurar un servicio de calidad, lo preste quien lo preste.
