La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) estableció la obligación, para las entidades locales, de calcular cada ejercicio el coste efectivo de los servicios y de remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se encargará de su publicación. La LRSAL configura el coste efectivo como la magnitud de referencia para determinar si la propia administración local va a prestar esos servicios o si dicha prestación va a ser coordinada o incluso ejecutada desde la correspondiente Diputación, en caso que la entidad local no pueda hacerlo a un coste menor que aquella.