El suministro de agua potable domiciliaria, la recogida de residuos, la limpieza viaria, los equipamientos culturales y en general los servicios públicos en régimen de gestión indirecta en el ámbito local son actualmente motivo de controversia política por la necesidad de evaluar su coste real, su eficacia y su calidad. Las críticas ciudadanas por incrementos de precios injustificados, por la calidad del suministro o por el nivel insuficiente de las inversiones sólo se pueden validar o contrarrestar por parte del Ayuntamiento con datos objetivos sobre el servicio, y éstos sólo se pueden obtener mediante una auditoría externa que proporcione la información imprescindible para la toma de decisiones.