En los últimos años, la legislación aplicable a las administraciones locales ha impuesto obligaciones adicionales de remisión de información al Ministerio, incrementando de forma exponencial el volumen de trabajo y los controles presupuestarios a implementar por parte de la intervención municipal. Los cálculos y criterios aplicables han añadido confusión y han propiciado errores y retrasos en la remisión de documentación en muchos ayuntamientos.

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